On Sunday, June 11, Puerto Ricans will vote to decide whether the commonwealth should become the 51st state of the United States. Puerto Rico has been crippled by a financial crisis caused by U.S. imperialism that has left thousands of Puerto Ricans having to leave the island for the United States. According to The New York Times, the Puerto Rican government has been saddled with $123 billion in debt and pension obligations, leaving the island strapped for cash when it comes to providing even common public services like health care and public schools. The scenario is something like what happened in Greece, but that is not always a good comparison. A good analysis can be found here. Puerto Rico is the first U.S. commonwealth or territory to be forced to default on debt payments, and what is happening there could well happen on the mainland and to other entities.
The following article by Ángel Israel Rivera in Claridad explains some of the nuances of the vote.
Esta vez el gobierno del PNP, dirigido por Ricardo Rosselló ha “botado la bola” en eso de la esperanza con terquedad para realizar –de todas formas–una consulta mal llamada plebiscito que no tiene las más mínimas oportunidades de ser atendida por la metrópoli ni de resolver nada: ni acá ni allá. Tan claro está que los propios líderes del PNP no creen en el éxito de la consulta, que han legislado ya un “método alterno” llamado por ellos “Plan Tennessee” que, al igual que el mal llamado “plebiscito” del 11 de junio, resulta ser un derroche innecesario de dinero público del gobierno de Puerto Rico en medio de la crisis fiscal y algo contrario a la letra y el espíritu de la Ley PROMESA que la administración Rosselló alega “respetar”. El Plan Tennessee fue ideado para territorios ya incorporados por el Congreso como método de presión para acelerar lo inevitable: su admisión ya prevista a la federación como estados federados. Puerto Rico es muy distinto porque se trata de un territorio no incorporado. ¿Y quién va a pagar por el festejo que se van a dar en Washington los supuestos dos senadores y cinco representantes escogidos sólo por el PNP, como en la peor de las dictaduras?
El plebiscito del 11 de junio no sólo es intempestivo debido a la desatención del Secretario de Justicia de Estados Unidos, que a poco más de una semana de la fecha pautada ni ha contestado formalmente la decisión final del Departamento ni tampoco se han materializado los 2.5 millones legislados por el Congreso si las definiciones eran finalmente aprobadas por Justicia Federal, sino que la Administración Rosselló se dispone a llevar a cabo la consulta sólo con dinero de Hacienda, no todo lo cual ha llegado a la CEE, según dijo su presidenta. Hasta los alcaldes del PNP han alegado problemas para conseguir funcionarios de colegio y, además, la fecha coincide con la celebración de la fiesta patria en Nueva York: el Desfile Anual Puertorriqueño. Ello reduce las probabilidades de que personas de la diáspora con residencia en Puerto Rico vengan a votar. Amén de que el gobierno parece no haber hecho análisis alguno sobre cómo afectará la consulta la continuada migración hacia Estados Unidos. Y siempre está la competencia veraniega de las playas y de los viajes fuera del país.
A causa de todo eso junto, NO hay manera de que sea creíble, o probable estadísticamente, una participación electoral ni siquiera cercana al 60%, cuando para las elecciones de 2016, celebradas hace sólo 6 meses, la participación electoral bajó al 44.5% de los electores inscritos. Estamos hablando de una elección general, en la cual suele votar siempre bastante más gente que en los plebiscitos o consultas por referendo. ¿Por cuál prestidigitación podrían Rosselló y los legisladores del PNP haber cambiado tan drásticamente esa tendencia en el electorado? ¿Qué realizaciones milagreras tiene a su haber Ricardo Rosselló para que tal cosa ocurra? Surge entonces la gran duda: ¿Habrá fraude electoral mediante el conteo electrónico?
Todas estas circunstancias tomadas juntas auguran una consulta fracasada tanto en participación electoral como en atención por parte del Congreso. Y lo que es peor, un derroche innecesario de recursos públicos, mientras se cierran escuelas, se recortan millones en el presupuesto del Estado, se le quitan recursos a la Universidad de Puerto Rico, y se deterioran los servicios públicos. Como una especie de “ramo de olivo” de parte de la Administración Rosselló, –que es más una “tapadera incierta” de lo que habrá de ocurrir en la práctica cuando la Junta de Control fiscal entre a controlar el presupuesto–el Gobernador ha anunciado que el nuevo presupuesto garantiza las pensiones a todos los empleados jubilados del gobierno. Ni siquiera se ha aclarado si las pensiones que se mantienen tienen o no el descuento del 10% pedido por la Junta Fiscal. Aparte de que el tal descuento a todos es realmente una INJUSTICIA MAYÚSCULA, ya que no afectará la vida de exjueces y exadministradores del gobierno con pensiones astrónomicas de $5 mil o más al mes, pero sí la de la mayoría de los pensionados del Gobierno cuyas pensiones apenas exceden los $1,000 mensuales y es obviamente donde más se va a sentir ese recorte del 10%.
Read the entire article here.
No comments:
Post a Comment